María José Ros Olivo, coordinadora autonómica de la formación liberal, señala que “han pasado tres años y medio desde el desbordamiento de la Rambla Los Aznares y ni tenemos noticias ni se ha planteado solución alguna”

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta para conocer qué medidas va a adoptar la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en relación con la Urbanización Camposol en Mazarrón (Murcia), constituida por unas 4.000 viviendas y unos 5.000 residentes, que sufrió cuantiosos daños por el desbordamiento de la Rambla Los Aznares debido a su mal encauzamiento en septiembre de 2014.

El diputado nacional de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas Valero ha denunciado que “en la Urbanización Camposol deberían estar estudiándose ya alternativas y soluciones por parte del ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno central, a través de la CHS. Esas 4.000 viviendas están corren un grave riesgo de inundaciones porque están situadas en una rambla. No se puede dilatar más este tema y las tres administraciones se tienen que involucrar”.

Por su parte, María José Ros Olivo, coordinadora autonómica de Ciudadanos, ha señalado que “han pasado tres años y medio y ni tenemos noticias al respecto ni se ha planteado solución alguna. Los residentes de esa zona merecen que sus derechos sean defendidos y poder vivir tranquilos”.

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó en marzo de 2018 por unanimidad un dictamen que declaró que el estado actual de la rambla Los Aznares implicaba un riesgo para las viviendas y las personas que residen allí, la mayoría británicos.

Asimismo, señaló que la diligencia habitual de la Confederación Hidrográfica del Segura en sus intervenciones de policía fluvial en este caso no existió y que “era incomprensible que se hubiera encauzado una rambla, la de Los Aznares, en un tramo de 1.500 metros, atravesando la referida urbanización, entre los años 2000 y 2003, y que la CHS no lo hubiera impedido”.

El dictamen contiene una propuesta que recomendaba la creación de una mesa en la que estuvieran representados el Ayuntamiento de Mazarrón, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura para planificar, coordinar y ejecutar las medidas necesarias para la pronta reversión de la situación actual a la legalidad.